La agenda de esta semana incorpora nuevas obligaciones para empleadores, actualizaciones en materia de riesgos del trabajo, precisiones para la regularización laboral y un nuevo paso hacia la incorporación estratégica de inteligencia artificial en la Justicia.
1. Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales: nueva suma fija desde octubre
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) actualizó el importe destinado al financiamiento del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP). A través de la Disposición 9/2026, se estableció que la suma correspondiente al período devengado septiembre será de $1.935 para el Régimen General, con vencimiento a partir de octubre de 2026.
El nuevo valor surge de la aplicación del mecanismo de actualización vinculado con la evolución del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Para esta actualización se consideraron los índices correspondientes a junio y julio de 2026, cuya relación determinó un coeficiente de 1,0157. Aplicado sobre el importe anterior de $1.904,59, el resultado fue de $1.934,56, que luego se redondeó a $1.935.
La actualización se enmarca en el esquema establecido originalmente por la Resolución 467/2021 y posteriormente modificado para aplicar una actualización mensual mediante la Resolución 649/2022. Para los empleadores, el cambio representa una nueva actualización de la obligación mensual destinada al financiamiento de las prestaciones vinculadas con las enfermedades profesionales.
2. Día del Empleado de Comercio: la celebración se traslada al lunes 28 de septiembre
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las entidades empresarias del sector acordaron modificar excepcionalmente la fecha de celebración del Día del Empleado de Comercio durante 2026.
Si bien la fecha establecida por la Ley 26.541 es el 26 de septiembre, este año la celebración se trasladará al lunes 28 de septiembre para los trabajadores comprendidos en el CCT 130/75. El acuerdo fue suscripto el 7 de septiembre y contempla todos los efectos laborales previstos para esta jornada.
El entendimiento fue firmado por FAECyS, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), CAME y UDECA, y establece expresamente que el lunes 28 no podrá utilizarse como franco compensatorio correspondiente al descanso semanal.
Para la liquidación de haberes, deberán contemplarse las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo y las normas específicas aplicables a los feriados. El tratamiento salarial dependerá, entre otros aspectos, de si el trabajador presta o no servicios durante la jornada correspondiente.
Las entidades solicitaron la correspondiente homologación ante la Secretaría de Trabajo, por lo que empresas y profesionales deberán considerar esta modificación al momento de organizar las jornadas laborales y preparar la liquidación de septiembre.
3. Régimen de Promoción del Empleo Registrado: ARCA precisa cómo regularizar trabajadores no declarados
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó su ABC de consultas frecuentes para precisar distintos aspectos operativos del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), establecido en el marco de la Ley de Modernización Laboral.
El régimen contempla la regularización de relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas, siempre que se hayan iniciado hasta el 5 de marzo de 2026 y continúen vigentes al momento de la adhesión. El plazo máximo informado para incorporarse al régimen es el 28 de noviembre de 2026, pudiendo incluirse, en caso de regularización durante noviembre, los períodos devengados hasta octubre.
Uno de los puntos relevantes es la posibilidad de corregir una fecha de inicio laboral registrada posteriormente a la real. Para ello, el empleador deberá modificar la información en Simplificación Registral y utilizar los códigos de modalidad de contratación correspondientes. El procedimiento también puede gestionarse mediante Presentaciones Digitales, a través del trámite de readecuación de nómina.
Una vez corregida la información registral, deberán presentarse las declaraciones juradas correspondientes a los períodos omitidos y cancelarse las obligaciones resultantes mediante Mis Facilidades. Para determinar la base imponible deberá considerarse lo efectivamente abonado, respetando como piso la escala salarial del convenio aplicable con sus adicionales.
ARCA también precisó el tratamiento de trabajadores que fueron encuadrados indebidamente como monotributistas cuando en realidad existía una relación de dependencia. En estos casos, el empleador puede efectuar la registración retroactiva y acceder, si reúne las condiciones, a los beneficios previstos por el régimen.
Uno de los principales incentivos está destinado a micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro, que pueden acceder a una condonación del 90% de la deuda, siempre que cumplan las condiciones de registración, presentación de declaraciones juradas y cancelación del saldo restante.
El importe no condonado puede cancelarse al contado —con un descuento adicional del 50% sobre la deuda consolidada— o mediante un plan de facilidades de pago. Las obligaciones resultantes del PER no podrán compensarse con saldos a favor de otra naturaleza.
Para quienes trabajen con liquidaciones laborales, la novedad requiere especial atención sobre Simplificación Registral, F.931, regularización de períodos anteriores y utilización de Mis Facilidades, especialmente ante la proximidad del vencimiento del régimen.
4. Justicia e Inteligencia Artificial: crean una mesa estratégica para definir una política nacional
El Ministerio de Justicia creó la Mesa Estratégica de Inteligencia Artificial en la Justicia (MEIAJ) mediante la Resolución 469/2026, con el propósito de avanzar hacia una estrategia integral para incorporar herramientas de inteligencia artificial en el sistema judicial argentino.
La iniciativa apunta a coordinar las distintas experiencias tecnológicas existentes, identificar áreas prioritarias y evitar la fragmentación de proyectos. El objetivo es impulsar una incorporación gradual y responsable de estas herramientas, acompañada por capacitación, evaluación de resultados y supervisión institucional.
Entre las funciones previstas se encuentran el relevamiento de proyectos de IA ya implementados, la identificación de necesidades, el desarrollo de proyectos piloto, la capacitación de magistrados y funcionarios y la elaboración de indicadores que permitan medir los resultados de las nuevas tecnologías.
La Mesa también contempla la participación de distintos actores del ecosistema judicial y tecnológico. Además de representantes del Ministerio de Justicia, podrán ser convocados integrantes del Poder Judicial, Ministerios Públicos, universidades, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil, empresas tecnológicas y organismos internacionales.
La resolución destaca asimismo la cooperación desarrollada con EL PACCTO 2.0, programa de la Unión Europea, a partir de experiencias internacionales vinculadas con la aplicación de inteligencia artificial en la administración de justicia.
Un aspecto central es que la MEIAJ no constituye una regulación general sobre inteligencia artificial. Su función será de planificación, coordinación y elaboración de una estrategia institucional, que deberá desarrollarse respetando las normas vigentes sobre protección de datos personales, seguridad de la información, propiedad intelectual, transparencia y protección de derechos fundamentales.
La Mesa deberá presentar una propuesta preliminar de la Estrategia de Inteligencia Artificial en la Justicia dentro de los 90 días corridos desde su primera reunión, dando inicio a una agenda que busca definir criterios comunes para la incorporación de estas herramientas en el ámbito judicial.
Una semana de cambios que exige actualización profesional
Las novedades de esta semana atraviesan distintos aspectos de la gestión empresarial: costos laborales, obligaciones de los empleadores, regularización de trabajadores, riesgos del trabajo y transformación digital. Para estudios contables, áreas de Recursos Humanos y responsables de administración, el desafío vuelve a estar en anticipar los cambios y traducir cada modificación normativa en procedimientos concretos.