Per saltum y reforma laboral: el Gobierno busca revertir la suspensión judicial de la ley
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El Estado Nacional acudió a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario por salto de instancia para intentar dejar sin efecto la suspensión cautelar de más de 80 artículos de la Ley 27.802, en un caso que ya impacta sobre todo el sistema laboral argentino.
En un nuevo episodio de fuerte trascendencia institucional, el Estado Nacional presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso extraordinario federal por salto de instancia, conocido como “per saltum”, con el objetivo de revertir la medida cautelar que suspendió más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación contra la sentencia dictada el 30 de marzo de 2026 por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del N° 63, que hizo lugar a una cautelar promovida por la Confederación General del Trabajo (CGT) y dispuso la suspensión de numerosos artículos de la norma.
El busca que la Corte intervenga de manera directa y urgente, sin esperar el recorrido completo por las instancias judiciales ordinarias, al considerar que el caso presenta una situación de notoria gravedad recurso institucional. Según el planteo oficial, la resolución judicial cuestionada excede las facultades del magistrado, al suspender con alcance general una ley sancionada por el Congreso Nacional.
Desde el Gobierno se sostiene que el fallo no solo afecta al Estado Nacional, sino que también genera incertidumbre normativa para trabajadores, trabajadores, sindicatos, estudios jurídicos y áreas de Recursos Humanos, dado que altera el marco regulatorio laboral vigente en todo el país.
| Aspecto central | Planteo del Estado | Impacto |
| Medida cautelar | Suspende más de 80 artículos de la Ley 27.802 | Genera incertidumbre sobre la vigencia de la reforma laboral |
| Recurso presentado | Per saltum ante la Corte Suprema | Busca una resolución rápida y directa del máximo tribunal |
| Argumento principal | Se cuestiona la facultad del juez para suspender una ley del Congreso con alcance general | Se invoca afectación al principio de división de poderes. |
| Competencia judicial | El Estado sostiene que debe intervenir la justicia federal | Se objeta la actuación del fuero laboral en esta causa |
| Efecto buscar | Restablecer la plena vigencia de la Ley 27.802 | Recuperar seguridad jurídica en las relaciones laborales |
Uno de los puntos más relevantes del escrito es la invocación de gravedad institucional. El Estado argumenta que permitir que un juez suspenda con efectos expansivos una ley del Congreso altera el sistema republicano, afecta la división de poderes y pone en discusión el alcance del control de constitucionalidad en la Argentina.
A ello se suma otro eje de conflicto: la competencia del tribunal. En la presentación se afirma que, al estar demandado el Estado Nacional y tratarse de una controversia sobre la validez de una ley nacional, la causa debería tramitar en el fuero contencioso administrativo federal y no en la justicia laboral.
El también cuestiona la existencia de un caso concreto que justifique la intervención judicial en estos términos, así como la legitimación de la CGT para impulsar una acción colectiva con efectos sobre el recurso total de los trabajadores y compañeros del país.
Más allá de la discusión procesal, el trasfondo del conflicto es claramente político, institucional y económico. La suspensión cautelar de una porción significativa de la reforma laboral abrió un escenario de transición e incertidumbre, en el que muchas organizaciones deben evaluar con prudencia qué disposiciones resultan aplicables y cuáles podrían quedar sujetas a futuras definiciones judiciales.
La decisión que adopte la Corte Suprema será determinante. No solo definirá el futuro inmediato de la Ley 27.802, sino que además podría sentar un precedente de enorme relevancia sobre los límites de las medidas cautelares, el alcance del control judicial sobre las leyes y la relación entre los poderes del Estado.
En un contexto donde el mundo del trabajo atraviesa transformaciones profundas, el caso se consolida como uno de los expedientes más sensibles del año. La discusión ya no gira únicamente en torno al contenido de la reforma laboral, sino también al modo en que se resuelven institucionalmente los conflictos que involucran normas de alcance nacional.
Per saltum