Panorama normativo y económico en Argentina: claves fiscales, laborales y previsionales que marcan la agenda

En un contexto de transformación normativa y presión económica creciente, el escenario argentino presenta novedades relevantes que impactan tanto en contribuyentes como en empleadores y sectores vulnerables. Desde actualizaciones impositivas hasta cambios estructurales en el sistema laboral y propuestas de financiamiento social, el entramado regulatorio continúa redefiniéndose con foco en la formalización, la transparencia y la sostenibilidad.

1. Actualización fiscal: ARCA publica las valuaciones para Bienes Personales 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó en el calendario fiscal al publicar las valuaciones oficiales de bienes al 31 de diciembre de 2025, insumo clave para la determinación del Impuesto sobre los Bienes Personales.

Entre los activos alcanzados se incluyen vehículos, moneda extranjera, títulos públicos, acciones, CEDEARS, obligaciones negociables y fondos comunes de inversión, consolidando un esquema que busca mayor precisión en la declaración patrimonial.

Estas tablas permiten a profesionales y contribuyentes contar con referencias actualizadas para la correcta liquidación del tributo. Por ejemplo, en el caso de CEDEARS, se informan cotizaciones específicas de empresas internacionales como Coca-Cola, Microsoft o JP Morgan, expresadas en pesos al cierre del ejercicio .

Asimismo, se incorporan valores de obligaciones negociables de empresas como YPF, Telecom o Pan American Energy, lo que evidencia la amplitud del universo de activos alcanzados .

En materia cambiaria, también se difundieron las cotizaciones oficiales de divisas, donde el dólar estadounidense se ubicó en torno a $1.455 vendedor, dato relevante para la valuación de activos en moneda extranjera .

La publicación temprana de esta información apunta a mejorar la calidad de las declaraciones juradas y reducir inconsistencias en el cumplimiento tributario.

valuaciones de los bienes 

2. Servicio doméstico: errores en el cálculo de antigüedad pueden generar conflictos

En paralelo, el ámbito laboral doméstico enfrenta un foco de atención creciente tras los recientes aumentos salariales establecidos por la Resolución 2/2026.

El principal punto de conflicto radica en la incorrecta aplicación del adicional por antigüedad, que —según la normativa vigente— debe calcularse sobre el salario básico actualizado y no sobre escalas anteriores.

Errores en este cálculo pueden derivar en diferencias salariales reclamables hasta dos años después de finalizada la relación laboral, con impacto económico significativo para los empleadores.

El criterio es inequívoco: el 1% por año trabajado se aplica siempre sobre el básico vigente al momento de la liquidación, excluyendo conceptos no remunerativos como bonos extraordinarios.

Este escenario refuerza la necesidad de profesionalizar la liquidación de haberes incluso en relaciones laborales informales o domésticas, donde históricamente se observan mayores niveles de error.

3. Reforma laboral: el salario se paga exclusivamente por vía bancaria

Uno de los cambios más relevantes introducidos por la Ley de Modernización Laboral es la eliminación definitiva del pago en efectivo o mediante cheque para las remuneraciones.

A partir de ahora, el salario deberá acreditarse exclusivamente en una cuenta bancaria a nombre del trabajador, lo que consolida el proceso de bancarización total del sistema laboral.

La medida apunta a fortalecer la trazabilidad de los pagos, mejorar el control fiscal y reducir la informalidad. Además, la acreditación bancaria se convierte en una prueba directa del cumplimiento de la obligación salarial, reduciendo potenciales conflictos judiciales.

Sin embargo, la implementación plantea desafíos en regiones con menor acceso al sistema financiero, donde la adaptación a este esquema podría requerir políticas complementarias de inclusión bancaria.

4. ANSES:  línea de créditos de hasta $1,5 millones

En el plano previsional y social, el Congreso debate un proyecto que propone la creación de una línea de créditos de ANSES de hasta $1,5 millones por beneficiario.

La iniciativa, aún en discusión legislativa, introduce un modelo innovador: los fondos no se entregarían directamente al solicitante, sino que se transferirían a los acreedores para cancelar deudas existentes.

El universo potencial de beneficiarios incluye jubilados, titulares de AUH, monotributistas de categorías bajas y trabajadores de casas particulares, alcanzando a cerca de 10 millones de personas.

El esquema contempla tasas por debajo del sistema financiero tradicional y un límite de afectación del ingreso del 30%, buscando evitar un nuevo ciclo de endeudamiento.

No obstante, el proyecto genera tensiones políticas, especialmente por el posible uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), lo que mantiene en incertidumbre su implementación.