Este viernes llega con una serie de disposiciones y actualizaciones que atraviesan distintos ámbitos del ejercicio profesional y del sector público. La FACPCE publica el índice de reexpresión contable para septiembre, el Gobierno aprueba un nuevo reglamento para contrataciones por tiempo determinado en la administración pública, el INAES amplía los plazos para cooperativas y mutuales, y se detallan los límites legales de embargo sobre sueldos y aguinaldos.
1) Reexpresión de estados contables: nuevo índice para septiembre de 2025
La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) anunció que el índice de reexpresión de estados contables en moneda homogénea para septiembre de 2025 se fijó en 9.384,0922, según lo dispuesto por la Resolución 539/2018.
Asimismo, se definieron los nuevos límites de ingresos anuales para clasificar entidades según su tamaño, conforme a la Resolución Técnica 54:
Entidades pequeñas: hasta $5.929.449.162 en ventas netas.
Entidades medianas: hasta $29.647.245.812.
La FACPCE recordó que los profesionales cuentan con un micrositio especial con doctrina, herramientas, modelos, videos y capacitaciones para aplicar correctamente el ajuste por inflación contable. Allí se encuentra también una calculadora automática y materiales de orientación técnica.
Esta actualización es clave para los estudios contables y las empresas que deben reexpresar sus estados financieros, garantizando comparabilidad y homogeneidad en contextos inflacionarios.
2) Nuevo reglamento para contrataciones estatales por tiempo determinado
La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación, oficializó mediante la Resolución 68/2025 el nuevo Reglamento de Contrataciones de Personal por Tiempo Determinado.
La norma —que reemplaza a disposiciones dictadas entre 2002 y 2018— tiene como propósito digitalizar, transparentar y estandarizar los procesos de incorporación temporal en la administración pública nacional.
Puntos destacados del nuevo régimen:
El reglamento también define un proceso de nueve etapas, que abarca desde la solicitud inicial hasta la firma del contrato, con intervención de las áreas de recursos humanos, presupuesto, economía, jurídica y la propia Secretaría.
El texto, que entró en vigencia el 9 de octubre, busca mejorar la trazabilidad del empleo público y reducir la discrecionalidad en las designaciones temporales.
3) Cooperativas y mutuales: prórroga para presentar nómina de asociados y autoridades
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) extendió mediante la Resolución 2147/2025 el plazo para que las cooperativas y mutuales remitan la información inicial al Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades.
Esta medida responde a solicitudes del sector, que pidió una ampliación de los tiempos administrativos para completar la carga de datos requerida por la Resolución 756/2025.
Claves de la prórroga:
El objetivo del organismo es consolidar una base de datos actualizada y digitalizada que facilite la fiscalización, la transparencia institucional y el acceso a beneficios para las entidades del sector asociativo.
4) Sueldos y aguinaldos: límites legales de embargo en Argentina
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCECABA) difundió un informe del servicio Trivia que detalla los límites vigentes para embargos sobre salarios y aguinaldos, conforme a los artículos 120 y 147 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y al Decreto 484/87.
Montos inembargables y porcentajes aplicables:
En cuanto a indemnizaciones laborales, se establecen topes similares:
Solo las obligaciones alimentarias o litis expensas pueden superar estos límites, según lo determine la autoridad judicial.
El esquema vigente combina la protección del carácter alimentario del salario con la posibilidad de hacer efectivas determinadas deudas judiciales, priorizando siempre la subsistencia del trabajador.
Las disposiciones publicadas esta semana confirman un escenario de ajuste técnico y transparencia institucional:
En conjunto, estas medidas apuntan a ordenar, modernizar y profesionalizar la gestión contable, pública y laboral en un contexto de transformación estructural del país.