Novedades sobre Riesgos del Trabajo, exportaciones, criptomonedas y salud pública

Agenda cargada de regulaciones clave: la SRT actualiza las multas por incumplimientos en materia laboral, ARCA lanza un régimen de exportación monitoreada que moderniza los controles aduaneros, la Ciudad de Buenos Aires propone cambios impositivos para las criptomonedas desde 2026, y se promulga la esperada Ley Nicolás, orientada a garantizar la calidad y seguridad sanitaria en todo el país.

1. Riesgos del Trabajo: suben las multas por incumplimiento desde octubre

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) actualizó, mediante la Resolución 43/2025, el monto de las multas que deberán abonar empleadores autoasegurados, aseguradoras (ART) y compañías de seguros de retiro por incumplimiento de sus obligaciones.

A partir del 1° de octubre de 2025, la sanción se fija en $71.785,64, de acuerdo con la equivalencia del Módulo Previsional (MOPRE) actualizada por el nuevo Haber Mínimo Garantizado de la ANSES (Res. 298/2025).

La medida se enmarca en el Decreto 1694/2009, que faculta a la SRT a recalcular automáticamente las sanciones cada vez que se actualiza el haber mínimo, garantizando así la correspondencia entre los parámetros previsionales y los montos punitivos.

2. ARCA implementa el régimen de “Exportación Monitoreada”

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha, a través de la Resolución General 5770, un nuevo procedimiento que busca agilizar los despachos de exportación, reducir costos logísticos y optimizar la fiscalización.

El régimen de “Exportación Monitoreada” permitirá a las empresas exportadoras con planta propia ser controladas de forma remota, mediante sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) supervisados por la Dirección General de Aduanas.

Requisitos para acceder:

Más de dos años de antigüedad como importador/exportador registrado ante ARCA.

Cumplimiento de las especificaciones técnicas del sistema de monitoreo remoto.

La medida apunta a modernizar el control aduanero y favorecer la competitividad exportadora, en línea con la política de estímulo a la producción y el comercio exterior.

3. Criptomonedas e Ingresos Brutos: CABA propone cambios desde 2026

El Gobierno porteño presentó un proyecto de reforma del Código Fiscal y la Ley Impositiva para aplicar un tratamiento diferencial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) a la compraventa de criptomonedas a partir de 2026.

La propuesta introduce una Base Imponible Diferencial (BID) que grava solo la ganancia obtenida —la diferencia entre precio de compra y de venta—, y no el total de la operación, como sucede actualmente.

El contador Marcos Zocaro calificó la medida como “un paso hacia un sistema más justo y coherente”, ya que el margen de rentabilidad de estas operaciones suele ser bajo, y la carga fiscal sobre el total de la venta resultaba distorsiva.

Aspectos destacados del proyecto:

La BID aplicará exclusivamente a criptomonedas (no a NFT ni otros criptoactivos).

Se incorpora una definición legal de “criptomoneda” como representación digital de valor no emitida por bancos centrales pero aceptada como medio de pago.

Los contribuyentes deberán reempadronarse entre el 1° y el 31 de enero de 2026 bajo los nuevos códigos NAES definidos por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.

CABA se suma así a provincias como Córdoba, La Pampa y Tucumán, que ya aplican bases imponibles diferenciales para operaciones con activos digitales.

4. “Ley Nicolás”: nuevo marco para la calidad y seguridad en la atención sanitaria

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.797, conocida como “Ley Nicolás”, sancionada por el Congreso el 18 de septiembre, que busca garantizar una atención médica de calidad y segura, previniendo diagnósticos erróneos y casos de mala praxis.

Ejes principales de la norma:

Crea el Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC) para documentar incidentes graves derivados de la atención médica.

Obliga a hospitales y clínicas, tanto públicos como privados, a reportar eventos y establecer protocolos de prevención, auditoría y autoevaluación.

Exige la verificación periódica de la aptitud profesional del personal sanitario y su capacitación continua en calidad y seguridad.

Introduce la noción de “cultura justa”, promoviendo la revisión imparcial de incidentes sin criminalizar los errores, pero priorizando la mejora del sistema.

Impone medidas para evitar el agotamiento del personal y protegerlo ante situaciones de violencia laboral.

La norma entrará en vigor dentro de 180 días, y el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla en el mismo plazo.

Conclusión

Las novedades del 8 de octubre reflejan un Estado que combina actualización normativa, modernización tecnológica y enfoque social:

• La SRT ajusta multas y consolida el vínculo entre previsión y cumplimiento laboral.
• ARCA impulsa un régimen de exportación más ágil, apoyado en la digitalización y control remoto.
• CABA avanza en la adecuación impositiva al universo cripto.
• Y la “Ley Nicolás” marca un hito en la construcción de una atención sanitaria más segura y transparente.

Un conjunto de medidas que apuntan a fortalecer la confianza en las instituciones, mejorar la eficiencia regulatoria y promover un modelo más moderno, justo y humano en los ámbitos laboral, económico y sanitario.