Feriados de fin de año, regularización laboral, cambios en el desempleo rural y más fondos para sentencias previsionales. Las principales novedades normativas de esta semana impactan directamente en empresas, trabajadores y profesionales de la seguridad social.
Feriados de fin de año: qué días serán feriados y cuáles no laborables
El calendario laboral comienza a concentrar fechas relevantes de cara al cierre de 2026 y exige distinguir con precisión entre feriados nacionales y días no laborables, ya que ambos tienen consecuencias diferentes tanto para la organización de las empresas como para la liquidación de haberes.
El lunes 23 de noviembre será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20. Al tratarse de un feriado nacional, se aplican las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo: los trabajadores tienen derecho al descanso y a percibir su remuneración habitual. En caso de prestar tareas, corresponde abonar la remuneración normal más una suma igual, es decir, el denominado pago doble de la jornada.
El siguiente punto relevante será el lunes 7 de diciembre, establecido como día no laborable con fines turísticos, inmediatamente antes del feriado nacional del martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María. En este caso existe una diferencia sustancial: la decisión de trabajar queda, en principio, a criterio del empleador, salvo las actividades alcanzadas por regímenes específicos. Si se trabaja, la jornada se remunera normalmente y no corresponde el recargo propio de un feriado nacional.
El martes 8 de diciembre sí constituye un feriado nacional inamovible. Por lo tanto, quienes no trabajen conservarán su remuneración habitual y quienes presten servicios tendrán derecho al pago correspondiente conforme al régimen especial de los feriados.
Finalmente, el viernes 25 de diciembre, Navidad, será el último feriado nacional del año. Al coincidir con viernes, permitirá conformar un nuevo fin de semana largo. Como en los restantes feriados nacionales, la prestación de tareas genera el derecho a percibir la remuneración normal más una suma igual.
Para las empresas, la diferencia no es meramente formal: determinar correctamente el carácter de cada fecha resulta fundamental para organizar turnos, calcular remuneraciones y evitar errores en la liquidación de haberes.
Regularización laboral: el PER permite condonaciones de hasta el 90% y entra en su etapa final
Las empresas que mantienen trabajadores no registrados o situaciones de subregistración tienen una ventana concreta para regularizar su situación a través del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER).
El régimen, establecido por la Ley 27.802 y reglamentado por el Decreto 409/2026 y la Resolución General 5862 de ARCA, contempla un conjunto de beneficios destinados a facilitar la incorporación de trabajadores al empleo registrado y la regularización de obligaciones pendientes.
Uno de sus principales atractivos es el nivel de condonación de deuda, que puede alcanzar el 90% para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro, llegar al 80% para medianas empresas y al 70% para los restantes empleadores. Además, el régimen contempla la eliminación de determinadas multas, la extinción de la acción penal tributaria en los supuestos previstos y la posibilidad de obtener la baja del REPSAL.
Sin embargo, el calendario adquiere especial importancia: la regularización laboral y la cancelación o financiación de la deuda deberán completarse antes del 28 de noviembre de 2026 para acceder a los beneficios establecidos.
El régimen también contempla efectos favorables para los trabajadores. Entre ellos se encuentra el reconocimiento de hasta 60 meses de servicios para determinados fines previsionales, además de la posibilidad de recuperar la verdadera antigüedad laboral y corregir situaciones de subregistración salarial que puedan afectar futuras prestaciones e indemnizaciones.
El beneficio alcanza a relaciones laborales privadas iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026, siempre que continúen vigentes al momento de la adhesión. Para los empleadores, la oportunidad implica no solo reducir significativamente el pasivo asociado a la informalidad, sino también ordenar su situación registral y previsional. No obstante, el incumplimiento de las condiciones asumidas puede provocar la caducidad de los planes y la pérdida de los beneficios obtenidos.
RENATRE modifica el plazo para solicitar la extensión del seguro de desempleo rural
El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) introdujo una modificación relevante en el procedimiento para solicitar la extensión de la prestación económica por desempleo destinada a trabajadores rurales.
A través de la Resolución RENATRE 108/2026, el organismo modificó el régimen previsto por la Ley 25.191 y redefinió el plazo para gestionar la prórroga del beneficio. El cambio resulta especialmente importante para los trabajadores rurales de 45 años o más que se encuentren percibiendo la prestación por desempleo.
La nueva normativa establece que la solicitud de extensión deberá presentarse dentro de los 10 días posteriores al pago de la última cuota del beneficio ordinario. De esta manera, se produce una reducción significativa respecto del régimen anterior, que contemplaba un plazo de hasta 90 días.
La prórroga podrá extenderse durante seis meses adicionales, con un importe mensual equivalente al 70% del valor correspondiente a los primeros cuatro meses del beneficio original, siempre que el trabajador mantenga y acredite su situación legal de desempleo.
Otro cambio relevante está relacionado con el requisito de edad. La nueva reglamentación precisa que el trabajador debe tener 45 años o más al momento de solicitar el beneficio original, y no necesariamente cuando solicita posteriormente la extensión.
La modificación obliga a extremar los controles sobre los vencimientos. Para los beneficiarios comprendidos, el plazo de 10 días convierte a la gestión administrativa en un trámite que requiere especial atención, ya que el vencimiento puede implicar la pérdida de la posibilidad de solicitar la extensión.
El Gobierno amplió los fondos para pagar sentencias previsionales y reforzó partidas sociales
El Poder Ejecutivo dispuso una nueva modificación del Presupuesto Nacional 2026 para atender obligaciones previsionales y otras erogaciones vinculadas con servicios esenciales del Estado.
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1391/2026, publicado en el Boletín Oficial, se asignaron $543.205 millones para cancelar en efectivo sentencias judiciales firmes y retroactivos previsionales correspondientes a integrantes de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario Federal.
La medida también contempla refuerzos presupuestarios para ANSES y para afrontar deudas con prestadores vinculados con la Emergencia Nacional en Discapacidad, además de ampliar partidas destinadas al programa de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia.
Según los fundamentos del decreto, la decisión responde al agotamiento de los créditos presupuestarios previamente aprobados y busca evitar que la falta de recursos comprometa la prestación de servicios esenciales. Entre los factores considerados se encuentran el impacto de la movilidad previsional, el aumento del Salario Mínimo y las obligaciones derivadas de la emergencia en discapacidad.
El refuerzo también adquiere relevancia en el ámbito judicial. Una parte de los recursos estará destinada a hacer frente a sentencias firmes por deudas previsionales, incluyendo retroactivos derivados de ajustes de prestaciones de retirados y pensionados. En los litigios vinculados con el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, la asignación busca además atender situaciones relacionadas con embargos sobre sus cuentas operativas.
En materia de discapacidad, el refuerzo presupuestario apunta a otorgar respaldo financiero al Programa Incluir Salud y atender deudas con prestadores en el marco de la emergencia declarada por la Ley 27.793.
El DNU rige desde su publicación y queda sujeto al mecanismo de control parlamentario previsto por la Ley 26.122. Su impacto inmediato se concentra en la disponibilidad de recursos para cumplir obligaciones judiciales y sostener prestaciones que involucran a distintos sectores de la seguridad social.
Una semana marcada por cambios que exigen atención profesional
Las novedades de esta semana tienen un denominador común: el calendario y los plazos adquieren un peso decisivo. Desde la correcta liquidación de los feriados de noviembre y diciembre hasta la última etapa para acceder a las condonaciones del PER, pasando por el nuevo plazo para el desempleo rural y la ampliación de fondos para cumplir sentencias previsionales, las modificaciones requieren seguimiento y aplicación precisa.
Para empresas, estudios contables y profesionales de Recursos Humanos, anticiparse a los vencimientos y revisar los procedimientos internos resulta fundamental para evitar contingencias laborales, previsionales y administrativas antes del cierre del año.