FAL, petróleo, cambios tributarios y una propuesta para reemplazar Ingresos Brutos concentran las principales novedades económicas y fiscales de la jornada. Las nuevas reglas obligarán a las empresas a tomar decisiones antes de fin de año, mientras la economía argentina profundiza transformaciones en materia energética y tributaria.
1. FAL: las empresas deberán definir cómo administrarán sus fondos desde diciembre
A partir del 1 de diciembre de 2026, las empresas comenzarán a realizar aportes destinados al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo creado para respaldar el pago de determinadas obligaciones indemnizatorias. La implementación incorpora además una comisión de hasta el 1% de los salarios, destinada a la entidad financiera o ALyC que administre el fondo.
La elección de la administradora será una decisión de cada empresa. Si no se registra la adhesión dentro del plazo correspondiente, ARCA comunicará la situación a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para que asigne una cuenta de oficio. Mientras tanto, los fondos permanecerán retenidos sin imputación, lo que podría demorar su acreditación e inversión.
El sistema comenzará con una estructura relevante: según datos de la CNV, participarán inicialmente 54 sociedades gerentes, 121 fondos comunes de inversión y 2 fideicomisos financieros. Las estimaciones del sector financiero proyectan que, durante sus primeros cinco años, los FAL podrían llegar a administrar alrededor de US$10.000 millones.
Para las empresas, noviembre aparece como un período clave para completar la adhesión. Entre los principales pasos se encuentran la apertura de una cuenta FAL individual en una entidad habilitada, la validación del ID FAL en Simplificación Registral de ARCA y la designación de un responsable interno para gestionar el circuito.
Uno de los aspectos centrales será el denominado período de carencia. Para utilizar los fondos acumulados frente a una indemnización, la empresa deberá contar con 12 períodos mensuales completos y consecutivos de devengamiento y pago. La carencia comienza a computarse desde el mes en que ARCA registra efectivamente la primera contribución.
También adquiere especial relevancia la correcta registración de los trabajadores. El régimen limita la cobertura de determinadas relaciones laborales a aquellas registradas con una antigüedad mínima de doce meses respecto de la extinción del vínculo. Una registración deficiente puede restringir la cobertura a los montos que surjan de los registros existentes, sin eliminar la responsabilidad del empleador por las diferencias.
En este contexto, la recomendación para las compañías es anticiparse: seleccionar durante noviembre la entidad administradora, validar el ID FAL y revisar las políticas internas de provisiones e indemnizaciones será fundamental para comenzar diciembre con el circuito correctamente implementado.
2. Petróleo: Vaca Muerta impulsa un cambio histórico en las exportaciones argentinas
La estructura exportadora argentina atraviesa una transformación significativa. Entre enero y septiembre de 2026, el petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación del país, desplazando a la harina de soja del primer lugar.
De acuerdo con los datos difundidos por la Bolsa de Comercio de Rosario, las exportaciones de petróleo alcanzaron los US$7.753 millones, con un crecimiento interanual del 58,6%. La harina de soja, por su parte, registró exportaciones por US$6.971 millones, con un incremento del 7,4%.
El fenómeno tiene como uno de sus principales motores a Vaca Muerta, donde el crecimiento de las inversiones y de la producción no convencional permitió ampliar de manera significativa la capacidad exportadora argentina. Sin embargo, el incremento no responde exclusivamente a una mayor producción: también influyó un escenario internacional favorable para el precio del petróleo.
Las exportaciones del sector de Combustibles y Energía alcanzaron los US$12.452 millones en los primeros nueve meses del año, un crecimiento del 53,6%. Las cantidades exportadas aumentaron 29,5%, mientras que los precios crecieron 18,6%. Estos números muestran que el volumen tuvo un peso especialmente importante en la expansión.
El impacto también se refleja en la balanza comercial energética. Entre enero y septiembre, el país obtuvo un superávit energético de US$9.427 millones, equivalente al 44,5% del superávit comercial total.
La contracara está en las importaciones energéticas. Las compras de combustibles y lubricantes alcanzaron US$3.025 millones. Aunque las cantidades importadas disminuyeron 10,7%, los precios aumentaron 23,3%, generando un incremento del gasto del 10,1%.
Para el entramado empresario, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, esta expansión abre nuevas oportunidades. El crecimiento de Vaca Muerta demanda proveedores especializados y genera posibilidades para empresas vinculadas con servicios, logística, industria, tecnología, construcción y distintas actividades profesionales.
Pero el ingreso a esa cadena de valor exige mucho más que una oferta competitiva. Las empresas que aspiren a convertirse en proveedoras del sector deberán estar preparadas en materia impositiva, societaria, laboral, financiera y de compliance, además de cumplir con los estándares requeridos por las operadoras.
3. ARCA y la mora administrativa: la Justicia puso límites a las demoras en los trámites
Una reciente decisión judicial vuelve a poner el foco sobre los tiempos de respuesta de la administración tributaria. La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un amparo por mora presentado por una empresa que reclamaba la devolución de más de $1.106 millones correspondientes a pagos a cuenta del Impuesto PAIS.
La compañía había solicitado la devolución en agosto de 2025 y posteriormente presentó un pronto despacho. Ante la falta de una respuesta concreta, inició una acción judicial por considerar que la demora administrativa resultaba injustificada.
El Tribunal Fiscal había rechazado inicialmente el planteo, considerando que la devolución se encontraba sujeta a tareas de verificación y que el volumen de documentación involucrada impedía considerar configurada una demora excesiva.
Sin embargo, la Cámara adoptó otro criterio y ordenó a ARCA expedirse en un plazo de 20 días hábiles sobre la solicitud.
El tribunal destacó que el amparo por mora requiere la existencia de una demora excesiva en un trámite y un perjuicio o perturbación en el ejercicio de un derecho o actividad. En este caso, consideró que la situación se había mantenido sin modificaciones sustanciales pese al tiempo transcurrido.
Uno de los conceptos más relevantes del fallo es que los movimientos internos de un expediente entre distintos departamentos del organismo no eximen a la administración de su responsabilidad de resolver.
La decisión constituye una señal importante para empresas y contribuyentes que mantienen trámites pendientes ante la administración tributaria. La existencia de verificaciones, documentación o derivaciones internas no implica, por sí misma, que el organismo pueda prolongar indefinidamente la respuesta.
El criterio judicial refuerza así el principio de que la administración debe actuar dentro de plazos razonables y brindar una respuesta efectiva frente a las solicitudes de los contribuyentes.
4. Provincia de Buenos Aires: proponen reemplazar Ingresos Brutos por un impuesto al consumo
El sistema tributario bonaerense podría enfrentar una de sus modificaciones más profundas si prospera un proyecto presentado en la Legislatura provincial que propone reemplazar progresivamente Ingresos Brutos por un nuevo impuesto al consumo final.
La iniciativa, impulsada por el diputado provincial de La Libertad Avanza Oscar Liberman, crea el denominado Impuesto Provincial al Consumo Final (IPCF), con una alícuota general máxima propuesta del 6,25%.
La diferencia fundamental respecto de Ingresos Brutos radica en el momento de aplicación. Mientras Ingresos Brutos grava las distintas etapas de producción y comercialización, el nuevo esquema buscaría aplicar el impuesto una única vez, al momento del consumo final.
El objetivo declarado es eliminar el denominado efecto cascada, por el cual un mismo producto puede acumular carga tributaria a lo largo de las diferentes etapas de la cadena comercial.
El proyecto contempla tratamientos diferenciados para determinados bienes y servicios, entre ellos medicamentos, insumos sanitarios y transporte público. También establece mecanismos de reintegro destinados a hogares de menores ingresos.
Uno de los puntos más relevantes es que la sustitución no sería inmediata. La propuesta establece un proceso de transición de hasta cinco años. Durante ese período, las actividades económicas serían incorporadas progresivamente al nuevo régimen, con el objetivo de que cada año migren sectores que representen al menos el 20% de la recaudación obtenida por Ingresos Brutos en el ejercicio anterior.
A medida que una actividad ingrese al nuevo sistema, dejaría de estar alcanzada por Ingresos Brutos, evitando que una misma operación tribute simultáneamente bajo ambos esquemas.
El proyecto también contempla los saldos a favor acumulados por los contribuyentes, que podrían utilizarse para compensar otras obligaciones tributarias provinciales o solicitarse en devolución bajo las condiciones que establezca la reglamentación.
Sin embargo, la iniciativa todavía enfrenta un debate importante. Especialistas advierten sobre cuestiones de constitucionalidad, distribución de potestades tributarias y posible impacto sobre los precios finales. También permanecen abiertos interrogantes vinculados con los mecanismos de fiscalización, la transición y el tratamiento de los créditos fiscales acumulados.
Por ahora, se trata de un proyecto que deberá atravesar el debate legislativo. Pero su presentación vuelve a colocar en el centro de la discusión una cuestión de fondo: cómo avanzar hacia un sistema tributario menos distorsivo sin comprometer los recursos necesarios para financiar al Estado provincial.
Una agenda que exige atención empresarial
Las cuatro novedades muestran que el escenario económico y tributario argentino continúa atravesando una etapa de cambios profundos. Desde la implementación del FAL y la transformación de la matriz exportadora hasta las nuevas discusiones sobre impuestos provinciales y los límites judiciales a la demora administrativa, las empresas enfrentan un entorno en el que anticiparse a los cambios regulatorios resulta cada vez más relevante.
Para empresarios, contadores y profesionales vinculados con la gestión, el desafío no consiste únicamente en conocer las nuevas normas, sino en transformar rápidamente esas modificaciones en decisiones concretas de gestión, planificación financiera y cumplimiento.