La agenda económica de esta semana presenta novedades relevantes para contribuyentes, profesionales, empresas e inversores. La actualización de los aportes de trabajadores autónomos, las nuevas oportunidades de regularización vinculadas con activos virtuales, la tensión cambiaria y el avance de las modificaciones al RIGI concentran la atención y anticipan un cierre de año marcado por decisiones financieras y fiscales de alto impacto.
Autónomos: se actualizan los valores de los aportes desde noviembre
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió los nuevos importes que deberán ingresar mensualmente los trabajadores autónomos a partir del período devengado noviembre de 2026, cuyos vencimientos operarán durante diciembre.
La actualización modifica las sumas correspondientes a los aportes previsionales de los trabajadores que desarrollan actividades de manera independiente y se encuentran alcanzados por el régimen de autónomos. De esta manera, quienes revisten esta condición deberán considerar los nuevos valores al momento de confeccionar y cancelar sus obligaciones correspondientes al período noviembre.
El cambio resulta especialmente relevante para profesionales, comerciantes y demás trabajadores independientes que realizan sus aportes al sistema previsional bajo este régimen, ya que las nuevas sumas deben incorporarse a la planificación mensual de obligaciones.
Para los contribuyentes y sus asesores, noviembre se convierte así en un período que requiere revisar los importes vigentes y verificar que las liquidaciones y pagos correspondientes al próximo vencimiento se realicen con los valores actualizados.
Inocencia Fiscal II: una nueva oportunidad para regularizar bitcoin y activos virtuales
El debate sobre la regularización de activos no declarados suma un nuevo capítulo con el análisis de la Ley 27.826, conocida como “Inocencia Fiscal II”, y su reglamentación.
El planteo adquiere particular relevancia para quienes poseen bitcoin u otros activos virtuales que no fueron declarados y que tampoco ingresaron al régimen de blanqueo anterior. El análisis difundido por Juan M. Cáceres presenta a la nueva normativa como un mecanismo indirecto que podría abrir una alternativa para la regularización de este tipo de activos.
La cuestión adquiere especial importancia a medida que los criptoactivos forman parte de manera creciente del patrimonio de personas y empresas y, al mismo tiempo, aumentan los mecanismos de trazabilidad de las operaciones financieras.
En este escenario, la posibilidad de regularizar activos virtuales no declarados plantea un desafío tanto para los contribuyentes como para sus asesores: determinar el alcance de las nuevas herramientas legales, analizar la situación patrimonial de cada caso y evaluar las condiciones necesarias para adecuarse al marco fiscal vigente.
La novedad vuelve a colocar en el centro de la discusión la relación entre patrimonio, activos digitales y cumplimiento tributario, en un contexto en el que las autoridades avanzan hacia mayores niveles de información y trazabilidad sobre las operaciones financieras.
RIGI: cambia la definición de proveedor local y se amplían las posibilidades para empresas radicadas en Argentina
El Gobierno introdujo modificaciones relevantes en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Uno de los principales cambios está relacionado con la definición de proveedor local. A partir de la nueva reglamentación, una persona jurídica podrá ser considerada proveedor local si se encuentra constituida y domiciliada en Argentina, sin que resulte necesario que sus accionistas sean argentinos ni que exista una determinada composición nacional del capital social.
Para las personas humanas, el requisito consiste en contar con domicilio fiscal en Argentina.
La modificación resulta significativa para las empresas que buscan integrarse a las cadenas de suministro de los proyectos alcanzados por el RIGI. Los proveedores deberán prestar servicios o entregar bienes destinados a uno o más Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al régimen y, cuando se trate de bienes, deberán cumplir con los criterios de origen nacional establecidos por el MERCOSUR.
Los proyectos RIGI deben comprometerse a contratar proveedores locales por un monto equivalente, como mínimo, al 20% del total destinado al pago de proveedores. Por lo tanto, la redefinición puede ampliar el universo de empresas radicadas en el país que pueden participar de esas cadenas de abastecimiento.
El decreto también introduce precisiones sobre los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, estableciendo una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables del Proyecto Único, diferenciándola de los compromisos específicos correspondientes a cada etapa.
Asimismo, la nueva reglamentación contempla reglas para adquisiciones, fusiones, reorganizaciones, uniones transitorias y contratos asociativos. En determinados supuestos, las operaciones deberán ser informadas a la autoridad de aplicación y quedarán sujetas a los mecanismos de aprobación previstos.
Otro aspecto relevante se relaciona con el acceso al mercado de cambios. El decreto amplía los conceptos que pueden computarse para determinados efectos vinculados con los ingresos de divisas destinados al desarrollo de los proyectos, incluyendo aportes de no residentes y determinados endeudamientos financieros externos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas y exista adecuada trazabilidad contable.
Las modificaciones buscan fortalecer la participación de empresas radicadas en Argentina en los grandes proyectos de inversión y, al mismo tiempo, precisar las reglas que deberán observar los inversores para mantener los beneficios del régimen.
En un escenario en el que el acceso al financiamiento, las divisas y la inversión productiva continúan siendo variables centrales para la economía argentina, los cambios en el RIGI adquieren especial importancia para las empresas que aspiran a convertirse en proveedoras de proyectos de gran escala.
El dólar oficial marca un nuevo récord y el riesgo país vuelve a subir
El mercado financiero argentino comenzó la semana bajo presión. El dólar volvió a avanzar, los bonos soberanos registraron bajas y las acciones argentinas profundizaron las pérdidas tanto en la plaza local como en Wall Street.
El dólar mayorista cerró en $1.551, luego de avanzar $7,50 durante la jornada. En el segmento minorista, la cotización del Banco Nación llegó a $1.575, mientras que el dólar blue alcanzó los $1.600 para la venta.
Los dólares financieros también acompañaron la tendencia. El MEP avanzó hasta los $1.584,84 y el contado con liquidación llegó a $1.684,10, ampliando la brecha con el tipo de cambio mayorista.
La presión cambiaria estuvo acompañada por un deterioro de los activos argentinos. El riesgo país escaló un 3% y se ubicó en 855 puntos básicos, mientras que los bonos soberanos en dólares operaron con bajas generalizadas.
La Bolsa porteña también sufrió una jornada negativa. El MSCI Merval retrocedió 5,4%, tanto en pesos como medido en dólares mediante contado con liquidación. Entre las acciones más castigadas estuvieron Grupo Supervielle, Edenor, Metrogas y BBVA.
Los ADR argentinos que cotizan en Wall Street replicaron el comportamiento negativo. Supervielle llegó a perder 7,7%, Loma Negra 7,5%, Edenor 7,4% y BBVA 7,3%.
En contraste, el Banco Central mantuvo una posición compradora en el mercado oficial. La autoridad monetaria adquirió divisas durante las últimas ruedas y las reservas internacionales brutas se ubicaron alrededor de los US$49.600 millones.
El mercado seguirá con atención la evolución del dólar, las reservas y el riesgo país, pero también las próximas definiciones políticas y financieras. Entre los temas que aparecen bajo seguimiento se encuentran el debate sobre las PASO de 2027 y un nuevo canje de deuda vinculado a instrumentos dollar-linked.