El Régimen Simplificado de Ganancias incorpora nuevas precisiones para los contribuyentes, las entidades sin fines de lucro deberán gestionar su caracterización para el Fondo de Asistencia Laboral y Migraciones establece restricciones para otorgar residencias precarias. En paralelo, ARCA extiende hasta junio de 2027 la suspensión de determinadas ejecuciones fiscales y amplía los planes de pago para MiPyMEs.
La agenda económica y normativa argentina presenta nuevas disposiciones que impactan directamente en la gestión de empresas, organizaciones y contribuyentes. Las modificaciones abarcan procedimientos tributarios, obligaciones laborales, condiciones migratorias y mecanismos de regularización fiscal.
Entre las novedades más relevantes se destacan las aclaraciones sobre la adhesión al Régimen de Ganancias Simplificada, la categorización de entidades sin fines de lucro para determinar sus contribuciones al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las restricciones migratorias para extranjeros con órdenes de expulsión y las nuevas medidas de alivio fiscal dirigidas a pequeñas y medianas empresas.
1. Ganancias Simplificada: cuándo adherir, ratificar o convalidar
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió nuevas precisiones sobre los procedimientos que deben cumplir las personas humanas y sucesiones indivisas que opten por el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, contemplado en la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal.
El organismo aclaró que existen tres instancias diferentes según la situación de cada contribuyente: adhesión, ratificación y convalidación. Su correcta identificación resulta fundamental para acceder a los beneficios del régimen y mantener la condición correspondiente en períodos fiscales posteriores.
La adhesión constituye el procedimiento inicial para quienes todavía no forman parte del sistema y desean presentar su declaración jurada mediante la modalidad simplificada. El trámite se realiza a través del servicio Sistema Registral, con Clave Fiscal de nivel de seguridad 3 o superior.
Por su parte, la ratificación permite confirmar anualmente la permanencia en el régimen. Así, quienes hayan presentado la declaración jurada simplificada del período fiscal 2025 podrán ratificar su continuidad para 2026, conforme a los plazos establecidos.
La convalidación, en cambio, es un procedimiento excepcional destinado a quienes habían adherido bajo las disposiciones del Decreto 353/2025, antes de la entrada en vigencia del nuevo marco legal. Estos contribuyentes deben adecuar su adhesión a las condiciones introducidas por la Ley de Inocencia Fiscal.
ARCA también recordó que quienes ya adhirieron, presentaron su declaración jurada y regularizaron el saldo correspondiente no deben realizar trámites adicionales por ese cumplimiento, sin perjuicio de las ratificaciones futuras que pudieran corresponder.
Una de las modificaciones más importantes del régimen es la eliminación de los parámetros de ingresos y patrimonio que anteriormente condicionaban el acceso. De esta manera, se amplía el universo de contribuyentes habilitados para utilizar la declaración simplificada.
La residencia fiscal en Argentina adquiere especial relevancia como condición general de acceso y permanencia para los períodos posteriores a 2025. Para ese primer período fiscal se contempla una excepción al requisito de residencia durante la totalidad del ejercicio.
Asimismo, los grandes contribuyentes nacionales y los funcionarios públicos podrán utilizar la modalidad simplificada para presentar la declaración jurada y efectuar el pago, aunque sin acceder a los restantes beneficios y presunciones del régimen.
En cuanto a los plazos, la presentación correspondiente al período fiscal 2025 fue prorrogada hasta el 16 de noviembre de 2026, según la Resolución General 5918/2026.
Los contribuyentes podrán verificar su situación registral y las caracterizaciones correspondientes mediante el servicio Sistema Registral, en la opción Consulta / Datos registrales / Caracterizaciones.
La medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, reducir la carga administrativa y brindar mayor claridad sobre los procedimientos necesarios para acceder y permanecer en el sistema simplificado.
2. FAL: nueva caracterización para entidades sin fines de lucro
ARCA habilitó el procedimiento para que las entidades sin fines de lucro soliciten su caracterización como micro, pequeñas o medianas organizaciones, una condición necesaria para determinar la alícuota diferencial que les corresponde dentro del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
El mecanismo se enmarca en la implementación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y su reglamentación, que establecen un sistema de financiamiento destinado a contribuir al cumplimiento de determinadas obligaciones indemnizatorias de los empleadores privados.
La posibilidad de solicitar esta categorización comprende a asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de propietarios, cooperadoras, entidades religiosas y otras organizaciones registradas bajo las formas jurídicas admitidas por la normativa.
Sin embargo, la inscripción como entidad sin fines de lucro no garantiza automáticamente el acceso al beneficio. Las organizaciones deberán acreditar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la Resolución 220/2019 y obtener la calificación correspondiente por parte de la autoridad competente.
Para iniciar el procedimiento, deberán ingresar con Clave Fiscal al servicio “PYMES Solicitud de categorización y/o beneficios” y presentar el Formulario 1272. Posteriormente, ARCA remitirá la información a la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa para su evaluación.
Una vez aprobada la solicitud, se incorporará la caracterización pertinente en el Sistema Registral, mediante los códigos 647, 648, 649 o 650, según el tamaño de la entidad.
La categorización tiene consecuencias directas sobre la contribución mensual al FAL. De acuerdo con la Resolución General 5907/2026, las entidades sin fines de lucro calificadas como micro, pequeñas o medianas deberán aplicar una alícuota del 2,5% sobre la base de remuneraciones prevista por el régimen. Para los demás empleadores privados alcanzados, la alícuota general será del 1%.
La caracterización deberá encontrarse vigente durante el período devengado correspondiente. Por lo tanto, no será suficiente con haber presentado la solicitud: será necesario contar con la aprobación y el registro efectivo del encuadre.
La normativa también establece que la calificación tendrá vigencia hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal, momento a partir del cual deberá gestionarse su renovación.
Además, los empleadores deberán realizar un trámite independiente para informar y validar el ID FAL, identificador de la cuenta individual a la que se derivarán las contribuciones. Esta gestión se efectuará mediante el servicio Simplificación Registral.
El sistema de Declaración en Línea utilizará la caracterización vigente para determinar automáticamente la alícuota aplicable.
El FAL no reemplaza las indemnizaciones previstas por la legislación laboral, sino que incorpora un mecanismo de financiamiento para colaborar con su cumplimiento. Por ello, la correcta categorización resulta esencial para evitar errores en la determinación de las contribuciones.
3. Migraciones restringe las residencias precarias ante órdenes de expulsión
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) oficializó una modificación en los procedimientos aplicables a ciudadanos extranjeros que se encuentran sujetos a medidas de expulsión o intimaciones para abandonar el territorio argentino.
Mediante la Disposición 1547/2026, el organismo dejó sin efecto la Disposición 2229/2014, eliminando la posibilidad de conceder residencia precaria por la vía administrativa anteriormente prevista para personas alcanzadas por determinadas medidas migratorias.
La residencia precaria constituye una autorización provisoria, generalmente otorgada por períodos de hasta 90 días renovables, mientras se tramita una solicitud de residencia o un cambio de categoría migratoria.
La nueva disposición se fundamenta en las modificaciones introducidas a la Ley 25.871 de Migraciones por el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, que redefinió aspectos del otorgamiento de permisos provisorios.
Según los fundamentos del organismo, conceder una residencia precaria a una persona que cuenta con una orden de expulsión vigente resulta incompatible, como criterio general, con su situación administrativa y con los impedimentos de permanencia contemplados en la legislación.
No obstante, la modificación no elimina todas las posibilidades de permanencia provisoria ni los mecanismos de revisión de las decisiones migratorias.
La normativa conserva las excepciones vinculadas con situaciones de reunificación familiar y razones humanitarias, siempre que se acrediten las condiciones legalmente previstas.
También permanecen vigentes los supuestos en los que intervenga la Justicia y existan procesos judiciales o medidas que requieran la presencia de la persona extranjera en territorio argentino.
De igual manera, se mantienen los recursos administrativos y judiciales que correspondan frente a las decisiones de la autoridad migratoria.
En consecuencia, la disposición representa un endurecimiento de los criterios administrativos para otorgar permisos precarios a personas con órdenes de expulsión, pero no implica la eliminación de las garantías procedimentales ni de las excepciones reconocidas por la legislación vigente.
La modificación adquiere relevancia para profesionales del derecho, organizaciones que brindan asistencia migratoria y empleadores que deban verificar la documentación de residencia y habilitación laboral de trabajadores extranjeros.
4. ARCA suspende embargos y amplía los planes de pago hasta junio de 2027
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero oficializó dos medidas destinadas a brindar mayor previsibilidad financiera a las micro, pequeñas y medianas empresas, pequeños contribuyentes, entidades sin fines de lucro y determinados prestadores del sector salud.
La primera consiste en la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares hasta el 30 de junio de 2027, inclusive.
La disposición fue instrumentada mediante la Resolución General 5923/2026, publicada el 5 de noviembre, en cumplimiento de las instrucciones establecidas por el Ministerio de Economía.
El beneficio alcanza a las MiPyMEs de los Tramos 1 y 2 que contaban con el Certificado MiPyME vigente al 29 de octubre de 2026 y con la caracterización correspondiente registrada ante ARCA.
También comprende a pequeños contribuyentes identificados mediante el código registral 547, así como a las entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector salud incluidos en las condiciones previstas por la normativa.
La suspensión no significa la eliminación de las deudas ni una prohibición absoluta de actuación para el organismo recaudador. ARCA conserva sus facultades en situaciones excepcionales, como la prescripción inminente, la caducidad de instancia o la grave afectación de los intereses fiscales.
En paralelo, la Resolución General 5924/2026 introdujo nuevas modificaciones al régimen especial de facilidades de pago para MiPyMEs, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro.
La medida amplía el universo de obligaciones que pueden regularizarse, incorporando deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas, así como multas aplicadas, hasta el 31 de octubre de 2026, inclusive.
Anteriormente, el régimen contemplaba obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026. La modificación permite incluir un período adicional de cuatro meses de compromisos fiscales.
Asimismo, ARCA extendió el plazo de adhesión a los planes hasta el 30 de junio de 2027, brindando un horizonte más amplio para organizar la cancelación de las obligaciones pendientes.
Las nuevas deudas podrán incorporarse mediante el servicio Mis Facilidades a partir del 16 de noviembre de 2026, seleccionando la opción correspondiente al régimen especial para obligaciones vencidas al 31 de octubre.
Las disposiciones representan una oportunidad para que los contribuyentes alcanzados reorganicen sus compromisos fiscales, eviten nuevas contingencias judiciales dentro de los supuestos protegidos y accedan a mecanismos de financiación.
Para las empresas, será fundamental verificar su condición registral, la vigencia del Certificado MiPyME cuando corresponda y la composición de sus deudas antes de formalizar la adhesión.
La combinación de ambas medidas apunta a aliviar la presión financiera sobre sectores productivos y organizaciones que enfrentan dificultades para regularizar sus obligaciones tributarias.
Nuevas disposiciones que exigen planificación y cumplimiento
Las novedades del 11 de noviembre de 2026 reflejan una agenda normativa marcada por la simplificación tributaria, la implementación de nuevos mecanismos laborales y la ampliación de instrumentos de regularización fiscal.
Mientras ARCA introduce precisiones para facilitar la utilización del Régimen Simplificado de Ganancias, las entidades sin fines de lucro deberán adecuar su situación registral para determinar correctamente sus contribuciones al Fondo de Asistencia Laboral.
Por otra parte, las modificaciones migratorias establecen nuevos criterios administrativos para el otorgamiento de residencias precarias, y las medidas de alivio fiscal ofrecen a MiPyMEs y otros contribuyentes un plazo adicional para ordenar sus obligaciones.
Para empresas, organizaciones, profesionales y asesores, mantenerse actualizados y revisar oportunamente los requisitos aplicables será fundamental para garantizar el cumplimiento normativo, reducir contingencias y fortalecer la planificación administrativa y financiera.