La agenda económica argentina suma nuevas definiciones que impactan directamente en empresas, inversores, empleadores y trabajadores. Entre las principales novedades se destacan la reglamentación del recupero de IVA para inversiones alcanzadas por el RIMI, un nuevo criterio de la Corte Suprema sobre la actualización de créditos laborales, las claves para calcular el aguinaldo de diciembre y la creciente preocupación del mercado por la evolución del riesgo país y su posible impacto sobre el dólar.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó en la reglamentación del mecanismo de devolución de créditos fiscales de IVA correspondiente a proyectos comprendidos en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). La medida fue instrumentada mediante la Resolución General 5922/2026 y modifica los procedimientos del Sistema Integral de Recupero (SIR) y del Sistema de Gestión de Inversiones (SGI).

Uno de los principales cambios es la incorporación de un nuevo código 012 dentro del SIR, destinado específicamente al recupero de créditos fiscales de IVA vinculados con inversiones alcanzadas por el RIMI. De esta manera, las solicitudes deberán gestionarse a través del mismo sistema utilizado para otros regímenes de recupero y reintegro fiscal.

El procedimiento establece que, una vez registrada la inversión y acreditada su puesta en marcha, el SGI determinará el monto de inversión productiva alcanzado por el beneficio. A partir de ese momento, los contribuyentes podrán presentar una presolicitud de recupero por los créditos fiscales que hayan acumulado al menos tres períodos fiscales mensuales desde que resultó procedente su cómputo en la declaración jurada de IVA.

Las presolicitudes podrán realizarse cuatro veces al año: del 1 al 10 de febrero, mayo, agosto y noviembre. La consulta del cupo fiscal asignado estará disponible a partir del día 15 de cada uno de esos meses.

La reglamentación también establece límites operativos. Los contribuyentes podrán renunciar al cupo asignado a determinados comprobantes antes de formalizar la solicitud, pero no podrán reasignarlo entre comprobantes ni modificar el período de la declaración jurada o el importe de IVA computable asociado.

La nueva operatoria busca brindar mayor previsibilidad al recupero del crédito fiscal y ordenar digitalmente el acceso al beneficio para las empresas que realicen inversiones productivas bajo el RIMI.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó un criterio de relevancia para los juicios laborales que todavía no cuentan con sentencia firme. El máximo tribunal dejó sin efecto las decisiones apeladas en lo referido al mecanismo de actualización de los créditos y ordenó que se dicten nuevos pronunciamientos conforme al artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral 27.802.

El criterio fue establecido el 5 de noviembre de 2026 en la causa “Cabana Opanasiuk, Leonardo c/Unir SA y otros s/despido” y en otros expedientes acumulados.

La Corte consideró que, al encontrarse vigente una regulación específica para actualizar los créditos laborales de los procesos pendientes, ya no resultaba necesario pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas que habían prohibido la indexación monetaria.

El artículo 55 establece que los créditos laborales deberán actualizarse mediante intereses moratorios calculados conforme a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina. Al mismo tiempo, establece límites para el resultado final.

El tope máximo consiste en el capital histórico actualizado según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa del 3% anual. A su vez, el resultado no podrá ser inferior al 67% del cálculo correspondiente al límite máximo.

La norma tiene carácter de orden público, por lo que debe ser aplicada de oficio o a pedido de parte por los jueces y autoridades administrativas, incluso en procesos concursales o de quiebra.

La decisión tiene un impacto concreto sobre numerosos litigios laborales en trámite. Los créditos que todavía no cuentan con sentencia definitiva deberán adecuarse al nuevo mecanismo, desplazando los sistemas de actualización que habían sido determinados judicialmente bajo criterios anteriores.

A medida que se acerca el cierre del año, el Sueldo Anual Complementario (SAC) vuelve a ocupar un lugar central en las liquidaciones laborales. La segunda cuota del aguinaldo correspondiente a 2026 deberá calcularse tomando como referencia el 50% de la mayor remuneración mensual bruta devengada durante el segundo semestre, comprendido entre julio y diciembre.

Esto significa que no necesariamente se toma el salario correspondiente a diciembre. Si durante el semestre el trabajador percibió un aumento, horas extras, comisiones u otros conceptos remunerativos que elevaron su remuneración mensual, estos pueden determinar cuál fue el mejor sueldo del período.

Por ejemplo, si la mejor remuneración bruta del semestre fue de $600.000, el SAC será de $300.000. Si alcanzó $1.000.000, el aguinaldo bruto será de $500.000. Para una remuneración de $1.500.000, corresponderían $750.000, antes de las deducciones que correspondan.

La fecha límite para el pago de la segunda cuota del SAC será el viernes 18 de diciembre de 2026.

Como al momento de liquidar el aguinaldo todavía no habrá finalizado el mes de diciembre, el empleador deberá realizar una estimación de la remuneración correspondiente. Si posteriormente se verifica que el salario definitivo fue superior al utilizado para calcular el SAC, deberá efectuarse el ajuste correspondiente.

Los trabajadores que ingresaron durante el segundo semestre también tienen derecho al aguinaldo, aunque en esos casos corresponde realizar un cálculo proporcional al tiempo efectivamente trabajado. El mismo criterio se aplica cuando la relación laboral finaliza antes de completar el semestre.

Para los empleadores, noviembre se presenta así como un período clave para revisar las remuneraciones acumuladas desde julio, identificar la mejor remuneración computable y anticipar correctamente la liquidación del SAC.

El mercado financiero argentino volvió a encender señales de alerta luego de que el riesgo país superara los 925 puntos, tras registrar una suba de más de 70 puntos en una sola jornada.

El indicador, que mide la sobretasa que Argentina debería pagar frente a Estados Unidos para acceder al financiamiento internacional, alcanzó así un nuevo máximo desde la tensión preelectoral de 2025.

Los analistas atribuyen el movimiento a una combinación de factores locales e internacionales. Entre los primeros aparece la incertidumbre política de cara a 2027, mientras que en el escenario externo tuvo fuerte incidencia el deterioro registrado en Wall Street.

En la jornada, el Dow Jones cayó 3,44%, el S&P 500 retrocedió 4,35% y el Nasdaq perdió 5,52%. La fuerte corrección afectó particularmente a las compañías tecnológicas y vinculadas con infraestructura de inteligencia artificial.

El deterioro internacional repercutió sobre los activos argentinos y elevó la percepción de riesgo. Algunos operadores consideran que, si la incertidumbre continúa, el riesgo país podría ubicarse por encima de los 1.000 puntos durante 2027, e incluso volver a niveles superiores si el mercado comienza a descontar un escenario político adverso para la continuidad de la actual orientación económica.

La evolución del riesgo país también puede tener consecuencias sobre el mercado cambiario. Una mayor percepción de riesgo encarece el financiamiento en dólares para empresas y provincias y puede reducir la cantidad de nuevas colocaciones de deuda. Esto implica una menor oferta potencial de divisas en el mercado local y podría incrementar la presión sobre el tipo de cambio.

Por ahora, el mercado cambiario mantiene cierta estabilidad. El dólar mayorista se ubicó alrededor de $1.545, mientras que el Banco Central logró comprar aproximadamente US$42 millones durante la jornada. Sin embargo, las tensiones recientes limitaron la capacidad de acumulación de reservas y durante noviembre las compras acumuladas alcanzaban apenas unos US$51 millones.

El escenario financiero continuará bajo seguimiento durante las próximas semanas. La evolución de los mercados internacionales, las expectativas políticas locales, el acceso al financiamiento y la capacidad del Banco Central para acumular reservas serán factores determinantes para evaluar el rumbo del dólar y de los activos argentinos hacia el cierre de 2026.